El pasado viernes publicamos un resumen del Real Decreto Ley 11/2020 de las medidas para enfrentar a la COVID-19 en materia de alquileres. Hoy publicamos el “Kit alquileres COVID 19”, que incluye una guía más concreta y 3 documentos útiles: el primero, para para solicitar una prórroga de 6 meses en tu alquiler si ha vencido o va a vencer en los próximos días, el segundo para solicitar la condonación del pago de la renta si tu propietario es un banco, fondo buitre o sabes que tiene más de 10 viviendas y un tercero por si no puedes pagar el alquiler de un pequeño propietario.
La PAH llevamos 11 años defendiendo el derecho a la vivienda: luchando contra los abusos de la banca, exigiendo a los gobiernos medidas a la altura y acompañando a las personas en su lucha. Así que si en esta situación de crisis sanitaria ves que no llegas a fin de mes, y estás pensando en saltarte alguna comida o continuar pagando tu alquiler, no lo dudes: no estás sola! Desde la PAH te aconsejaremos y no te dejaremos sola. Ninguna deuda vale más que una vida y recordemos que la vivienda es un derecho.
Para saber si puedes acogerte a las diferentes medidas anunciadas por el Gobierno, en primer lugar te aconsejamos que leas con atención todo el escrito y sigas los pasos que te indicamos. Si por algún motivo no entras en algún supuesto, no tires la toalla, contacta con nosotras en afectadosporlahipoteca@gmail.com y te ayudaremos en tu situación.
Sabemos que las medidas que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez para hacer frente a la crisi sanitaria son poco ambiciosas y dejan fuera a muchas familias. Por eso es importante organizarnos y exigir un plan de choque social donde no dejemos a nadie atrás. Cuando dobleguemos la curva de los contagios exigimos poner a cero la de los desahucios y no vamos a parar hasta conseguirlo.
Los documentos que tienes que leer para defender tus derechos, son:
Lee atentamente este kit o manual y sobre todo insiste y defiende tus derechos!
Es importante tener en cuenta que toda esta documentación es un material que se irá adaptando, en base a cómo evolucione la situación y a su uso en casos concretos. Si tienes alguna sugerencia en base a tu experiencia, escríbenos y los mejoraremos.
Tras Muchos años de recortes sociales y laborales en España , y pagando siempre los mismos esas consecuencias, recortes en sanidad , educación , congelación pensiones , mermas en ayudas sociales , etc.….
Muchas familias se han visto abocada a una precariedad laboral sin precedente e incluso perder sus empleos , con la consecuencia de perder su vivienda ,no poder hacerle frente al alquiler ni hipoteca , endeudarse con deudas que jamás se podrá pagar, y con recursos tan básicos como luz, agua y Gas que miles de familias no le pueden hacer frente y ver como los recursos sociales como la sanidad cada vez tienen más recortes.
Esos médicos , enfermeros, sanitarios , limpiadoras , conductores de ambulancias y en definitiva todo el personal vinculado a la sanidad, que se les recorta en sueldos y no tienen los suficientes recursos por culpa de tantos años de recortes que ahora pasan factura en el momento que más falta ase.
En estos tiempos del estado de confinamiento que vivimos en España por el COVID-19 , son ellos los que hacen frente a este problema tan grave , son los verdaderos héroes.
Hoy día 7 de abril conmemoramos el día Internacional de la Salud , . Lo hacemos en medio de una terrible pandemia por el coronavirus (COVID-19), esta celebración parece una ironía, pero nos sirve para recordarnos y homenajear a quienes llevan defendiendo la sanidad pública durante años, y para exigirnos que no olvidemos en el futuro la NECESIDAD de contar con una SANIDAD: PÚBLICA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD.
Ante la certeza de miles de impagos este mes de abril, el Gobierno se ha visto obligado a poner ciertos parches y el reciente 31 de marzo publicó en el BOE un nuevo paquete de medidas. Ya te hemos contado por qué es insuficiente y detallado cuáles son las medidas en materia de alquiler. Pero también se ha actualizado la moratoria hipotecaria (se pospone 3 meses el pago de la cuota, sin condonarla), especialmente para autónomos y arrendadores hipotecados, aunque también a otros préstamos no hipotecarios pero relacionados en parte con la vivienda. Lee bien este resumen para saber a qué te puedes acoger. También presentamos un Documento Útil de referencia para solicitarlo a tu entidad bancaria, pero si tienes alguna duda, puedes escribirnos a afectadoshipotecasevilla@gmail.com antes de firmar nada.
¡Desde la PAH vamos a defender a todos los deudores de buena fe que por causas sobrevenidas no pueden pagar!
Base normativa
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (enlace BOE). Y Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE)
Moratoria de deuda hipotecaria para adquisición de vivienda habitual: arts. 7-16.
Ámbito de aplicación
Contratos de préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria sobre:
a) Vivienda habitual.
b) Inmuebles donde empresarios y profesionales desarrollen su actividad económica (véase el local de un autónomo).
c) Vivienda que, teniendo alquilada, se haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma hasta un mes después de su finalización. (Esto debería permitir acuerdos casero-inquilino).
Deudor que concurra en la vulnerabilidad económica del artículo 16 del último RDL.
Extensivo a fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual.
Extensivo a préstamos sin garantía hipotecaria ante entidades financieras (con mayor razón si están destinados a pagar rentas y gastos de vivienda)
Situación de vulnerabilidad económica
IMPORTANTE: Se han de cumplir TODOS los requisitos siguientes:
1. Nueva situación de desempleo/ERTE, o empresarios/profesionales con pérdida sustancial de ventas/ingresos de mínimo el 40%.
2. Ingresos unidad familiar no superen el mes anterior a la moratoria:
Carácter general: 3 IPREM mensual = 1.613,52€.
+0,1 x hijo a cargo = 53,78€.
+0,15 x hijo a cargo para familias monoparentales = 80,68€.
+0,1 x mayor de 65 años = 53,78€.
Unidad familiar con persona con discapacidad > 33%: 4 IPREM = 2.151,36€.
Deudor hipotecario con parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual, todas > 33%; discapacidad física o sensorial > 65%, enfermedad grave que incapacite al deudor o su cuidador para trabajar: 5 IPREM = 2.689,20€.
3. Cuota hipotecaria + gastos + suministros > 35% ingresos netos de la unidad familiar. Se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil y las contribuciones a la comunidad de propietarios. Siempre que sean sobre la vivienda habitual (no aplica a tu local o arrendamiento).
4. Alteración significativa de las circunstancias económicas de la unidad familiar a causa de la emergencia sanitaria: el esfuerzo de la carga hipotecaria se haya multiplicado mínimo 1,3.
Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores
Si son vulnerables, podrán exigir que el banco agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda a ellos. No excluye la aplicación del Código de Buenas Prácticas al deudor principal.
Acreditación de las condiciones de vulnerabilidad
IMPORTANTE: Si no puedes aportar alguno de los documentos aquí requeridos, bastará con una Declaración Responsable que incluya la justificación expresa de los motivos relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19 que te impiden tal aportación. ¡Que no te pongan trabas en el banco! PERO tras la finalización del estado de alarma prorrogado, dispones de UN MES para la aportación de los documentos que no hubieses facilitado.
Desempleo: certificado de prestaciones con la cuantía mensual percibida.
Cese de actividad: certificado expedido por Hacienda o la CCAA.
Número de personas que viven en la vivienda:
Libro de familia o certificado de pareja de hecho.
Certificado de empadronamiento actual y que abarque los 6 meses anteriores.
Declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad permanente (si es el caso).
Titularidad de los bienes:
Nota simple de todos los miembros de la unidad familiar.
Escrituras de la compraventa y la hipoteca de la vivienda u otro préstamo.
En caso de hipotecas de inmuebles alquilados, además debe aportarse el contrato de arrendamiento.
Declaración responsable indicando que se cumplen los requisitos del RDL.
Solicitud y concesión
Desde el 19 de marzo, hasta 1 MES después del fin del estado de Alarma. Eso es, si no hay una modificación para ampliar su vigencia, el 12 de mayo de 2020.
Una vez realizada la solicitud, el banco deberá implementarla automáticamente en el plazo máximo de 15 días.
NO es necesaria la firma de un acuerdo privado ni de novación hipotecaria, ni el consentimiento de otros acreedores intermedios. Pero pasado el estado de alarma, esta ampliación del plazo inicial SÍ se tendrá que formalizar en Escritura Pública. Los gastos de este trámite correrán a cargo del banco acreedor.
Efectos
Suspensión de la deuda hipotecaria durante TRES MESES (este plazo lo puede prorrogar el Consejo de Ministros). No se puede exigir el pago ni total ni parcial (es decir, no se podrá exigir el pago de cualquier otro concepto que integre la cuota hipotecaria: amortización del capital, pago de intereses. No se devengarán intereses). PERO la cantidad que se debe se mantiene igual, ¡no es una condonación!
Inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado durante la moratoria (de hecho, por ley no se puede aplicar hasta pasadas 12 cuotas de impago).
Consecuencias de aplicación indebida
Si un deudor hipotecario se beneficia de las medidas sin cumplir con los requisitos será responsable de daños y perjuicios, así como otros gastos de aplicación de las medidas. El importe de esta indemnización no podrá ser inferior al beneficio que haya obtenido.
También será responsable el deudor que busque situarse o mantenerse en las condiciones de vulnerabilidad a propósito para ser beneficiario de las medidas.
Si cumples con los requisitos, deberás acudir o contactar con tu banco para solicitar que activen el mecanismo y aportar la documentación requerida. Ten en cuenta que, aunque durante el confinamiento pueda bastar una declaración responsable, algunos de los documentos deberás pedirlos a Hacienda o tu Ayuntamiento, así que no te duermas.
Lógicamente, tal restringida moratoria se queda muy corta y seguiremos luchando para que esta crisis no la paguen las de siempre. Necesitamos un plan de choque social real que no deje a nadie en la cuneta, durante y después de este estado de alarma. Ejerce tus derechos.
A pesar de contener algunos avances, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al estado de emergencia provocado por el COVID-19, sigue dejando a mucha gente atrás con carencias importantes.
PAH Sevilla y PAH Sevilla Este Amate
Las medidas adoptadas por el Gobierno en materia de Vivienda, para paliar los efectos de la paralización de la actividad económica, son un nuevo rescate encubierto a la banca y grandes propietarios, basándose otra vez en una transferencia de dinero público al sector inmobiliario español. Hablamos de medidas muy limitadas en su efecto sobre las familias, que son empujadas a endeudarse aplazando los pagos, con el único objetivo de pagar las rentas a los fondos buitres, socimis y la banca. La moratoria inicial de un mes en el pago de la hipoteca, ya resulta claramente insuficiente, con grandes complicaciones para acogerse a ella. La moratoria de alquileres genera soluciones a nuestro cargo e incompletas y lo mismo pasa con la moratoria en el pago de suministros básicos. También es totalmente injusto, y crea sectarismo social, la diferencia de trato hacia las personas hipotecadas y las inquilinas. Valoramos como positiva la prórroga extraordinaria de contrato de 6 meses, manteniendo así los términos y condiciones del contrato actual y evitando las subidas de alquiler, pero nos parece que es un tiempo escaso, ya que la salida de esta crisis sanitaria nos va dejar en una situación de recesión económica.
El Gobierno va en camino de repetir la historia de la crisis financiera, abandonando a las familias, que no son responsables de su situación. La solución socialmente más justa, para que esta crisis no la volvamos a pagar las de siempre, pasa por exigir la exoneración de las cuotas de alquiler a los grandes propietarios y facilitar líneas de crédito a los pequeños.
La PAH, desde el comienzo de la crisis sanitaria, hemos defendido la exoneración total del pago tanto de hipotecas como de alquileres mientras dure la crisis y algunos meses más, para las familias en situación de vulnerabilidad. Esta petición no es gratuita, dado que, por una parte, los cobradores de las hipotecas son los bancos, a quienes rescatamos con más de 65.725 millones euros que no han devuelto. Los grandes tenedores de vivienda son de nuevo los bancos, las socimis y los fondos buitre. Éstos últimos además se han hecho propietarios de sus enormes parques comprando lotes completos de viviendas a los bancos, muchas de las cuales proceden del millón largo de desahucios ejecutados desde 2008.
Si es importante la medida de suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional derivado de contratos de arrendamientos por 6 meses, pero es por un tiempo muy limitado y quedan fuera los desahucios por precario. Por eso la PAH llevamos años exigiendo la suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional de forma indefinida, sea cual sea la causa, ya que nosotras no nos olvidamos de aquellas familias que se han visto obligadas a vivir en precario, para dar respuesta al acuerdo internacional que España firmó y por el incumplimiento del cual ya ha recibido 2 informes condenatorios por parte del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU. Sólo pedimos que España cumpla sus compromisos y que proteja a las familias vulnerables hoy y siempre. Es necesario cambiar el terreno de juego. Optar por los derechos humanos y constitucionales, por encima de los intereses de la banca, del resto del lobby del capital especulativo de Fondos y Socimis. Hacer una política valiente que permita la expropiación temporal del uso de viviendas vacias de la banca y Sareb, y, con una fiscalidad progresiva, imponer a Fondos y Socimis unas reglas de corresponsabilidad social, para poder dar respuesta a la emergencia habitacional.
Ayer conocimos la destrucción de 900.000 empleos desde el inicio del estado de alarma, con un aumento histórico del paro en marzo de 302.265 personas, sumado a la incertidumbre de cómo se resolverán los miles de ERTES presentados, que podrían terminar elevando las cifras del paro a términos que no queremos ni imaginar. Esta pandemia está destruyendo vidas (en todos los sentidos) y empleos. Cuando esto acabe, muchas pequeñas empresas, autónomos y trabajadores habrán perdido mucho, pero los bancos rescatados, los fondos buitre, las socimis y las energéticas no habrán aportado nada, cobrarán sus cuotas de hipotecas, sus rentas de alquiler y sus recibos de consumo, volviendo a salir de rositas; con el hacha preparada para seguir desahuciando. Si hay que apretarse el cinturón, nos lo apretamos todas. Si hay parón de producción que afecte a todas las actividades, también a las rentas del capital y que paguen su parte correspondiente de la crisis.
En el nuevo Decreto, se alude a la existencia de un porcentaje del 85% de pequeños propietarios dentro de la estructura de tenedores de vivienda en alquiler, lo que representaría por tanto un volumen considerable de personas que dependen de esta renta para vivir. No obstante, no coincide con la realidad que llevamos años denunciando; invitamos al Gobierno a publicar los datos oficiales que avalen tal afirmación. Como publicaba ayer el Observatori Metropolità Habitatge de Barcelona, en la ciudad de Barcelona el 17% del parque de viviendas está en manos de propietarios con más de 10 pisos. Además, cuestionamos la definición de gran tenedor que ofrece el Gobierno, aludiendo a aquellas personas físicas con más de 10 viviendas, nos parece abusivo e irreal que se meta en el mismo saco a pequeños tenedores que sí necesitan cobrar el alquiler, con los que viven muy bien de las rentas con el precio medio de cualquier ciudad del alquiler, multiplicado por 10.
Denunciamos que este Gobierno no haya sido capaz de hacer pagar un euro a los grandes propietarios de vivienda. Nos parece inconcebible que el lobby de la banca, fondos y socimis hayan impuesto su ley y que se siga subvencionando con dinero público las ayudas que vuelven a ir a parar a los bolsillos de los especuladores. No se puede entender la falta de responsabilidad de la Banca rescatada, con una deuda aún pendiente de 65.725 millones de euros; que ha instado 1.002.000 desahucios, que se quedó con nuestras viviendas utilizando prácticas mafiosas de cláusulas abusivas, que se ha enriquecido titulizando centenares de miles de créditos. Esta Banca que ha conseguido que la Administración haya estado a su servicio, rematando la jugada con la creación de la SAREB y la reventa de centenares de miles de vivienda a los Fondos Buitre. Fondos a quienes se les ha permitido adquirir viviendas sin control, a unos precios tirados, que están instalados en paraísos fiscales y que, cada vez que se les señala, cortan dedos. Faltaba la creación de las Socimis, donde todos ellos y más confluyen en unas sociedades que buscan en el alquiler el lucro sin medida y que no pagan el impuesto de sociedades, manipulan los precios a través de los portales inmobiliarios, y se les permite saltarse eso que llaman libertad de mercado introduciendo prácticas de tiempos monopolistas para imponer precios impagables a miles y miles de ciudadanos.
Esta crisis no puede ser el motivo para mayor sufrimiento a los de siempre y que un mayor número de personas pierdan su hogar. Para eso esperamos del gobierno una voluntad política más consecuente que de seguridad a las personas y familias vulnerables de que eso no va a suceder. Porque si algo nos demuestra esta crisis sanitaria, es que hay que poner la vida en el centro, y sin vivienda esta no es posible. Hay que dejar atrás la especulación y la mercantilización de nuestros hogares. No queremos viviendas vacías; queremos que tengan una función social y que la propiedad esté al servicio también del interés colectivo para conseguir el necesario Parque Público de viviendas.
Si el Estado y el Gobierno no da una respuesta social suficiente a la crisis económica rescatando a las personas como hizo con los bancos, nos tendrá enfrente y cuando acabe el confinamiento retomaremos nuestra campaña de movilizaciones. No vamos a consentir que siga habiendo más vidas en juego pagando los efectos de esta nueva dramática crisis. Esta sociedad no puede darnos la opción de comer o vivir bajo un techo. O de comer y pagar los suministros.
El horizonte está marcado por los derechos humanos y constitucionales. Lo seguiremos defendiendo ya sea desde el confinamiento o cuando volvamos a retomar las calles. Seguiremos presionando para construir un hoy esperanzador y un mañana digno, con nuestra campaña #ViviendaPorDerecho y junto a todas las organizaciones sociales unidas para hacer efectivo un Plan de Choque Social real.
En este enlace encontrarás un analisis de las medidas en alquileres para enfrentar la COVID-19 que te ayudaran a conocer en que situación te encuentras
El pasado 1 de abril, enmedio de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se publicó un nuevo paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la situación, complementando la moratoria hipotecaria impulsada dos semanas antes. Entre ellas, se encuentran medidas a tener en cuenta, aunque claramente insuficientes, en materia de alquileres, hipotecas y otros créditos.
Las medidas para hipotecas, sobre las cuales ya advertimos que eran limitadas e insuficientes, la trataremos próximamente, ampliando el resumen y los documentos útiles que publicamos hace dos semanas (consultar aquí resumen y documentos útiles para pedirla).
Respecto a las medidas para alquileres, la PAH reclama que se exonere a las afectadas y que no haya ni un euro más de dinero público que pueda subvencionar alquileres especulativos de grandes propietarios. En cambio, hay que compensar al pequeño propietario que tiene una vivienda alquilada a un precio asequible para poder vivir y no puede llegar a un arreglo con su inquilino.
Todo el mundo sabe que el problema de la burbuja de precios para las inquilin@s viene de antes del COVID19. Lo demuestran los 253.473 desahucios de alquiler de 2013 a 2019 en España, 65.410 en Cataluña y 16.149 en Barcelona. A la vez que frenamos la curva de contagio, hace falta proteger a las inquilinas de los impagos. Y después de ganar al coronavirus habrá que doblegar la curva de desahucios: los acumulados y los que se fijarán sino se protege ahora a las inquilin@s. Necesitamos un plan de choque social.
No obstante, aún con las grandes limitaciones de las medidas que ha sido aprobadas, es importante facilitar información a quienes este mes tendrán dificultades para pagar el alquiler.
¿Cuáles son las medidas para inquilin@s que se han aprobado?
1) Suspensión 6 meses de los desahucios de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa: habrá que acreditarlo en los juzgados, se a podrá solicitar una vez se levante el estado de alarma, ya que mientras dure los procedimientos de desahucio y los plazos administrativos asociados están suspendidos.
2) Prórroga de los alquileres que finalicen entre el 2 de abril y hasta dos meses después del fin del estado de alarma: por un máximo de 6 meses manteniendo las mismas condiciones, y el arrendador deberá aceptar la solicitud, a no ser que haya otro acuerdo entre las partes.
3) Moratoria de la deuda de alquiler en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda: aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma por acuerdo y sino lo hay, se podrá solicitar hasta el 2 de mayo el aplazamiento temporal y extraordinario (moratoria). La Propiedad podrá elegir entre reducción del 50% del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma y posteriores (máximo 4 meses) o una moratoria por el mismo tiempo de éste que se pagará fraccionado sin intereses durante al menos 3 años siempre dentro de la vigencia del contrato.
4) Modificación de las condiciones contractuales en el caso de pequeños propietarios: aplazamiento o la condonación total o parcial de los alquileres con carácter voluntario-acuerdo, y sino se alcanza se podrá pedir hasta el 2 de mayo el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, al cual la Propiedad debe responder en 7 días laborables las condiciones que acepta o posibles alternativas.
5) Avales estatales para pagar los alquileres y ayudas públicas para devolver los microcréditos: los primeros se solicitan las entidades bancarias con un plazo de devolución de hasta seis años, prorrogables y sin gastos e intereses para el solicitante, por un importe máximo de 6 mensualidades y para ambas situaciones (3 y 4). Las ayudas son para devolver las ayudas transitorias de financiación (microcréditos) de aquellos hogares que no se hayan recuperado, hasta 900€/mes y hasta el 100% de la renta de alquiler. Se pedirán a las comunidades autónomas y aún no están activas.
Entro yo y mi familia en estas medidas?
Para poder acogerse a cualquiera de estas medidas, la unidad familiar debe estar y poder acreditar una situación de vulnerabilidad económica definidos por la ley (ver documento de resumen), cumpliendo dos supuestos:(a) situaciones impacto económico laboral por covid19 (desempleo, ERTE, reducción jornada por cuidados en caso de ser empresario, otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos),siempre que los ingresos de la unidad familiar no superen el mes anterior a la moratoria los 1.613,52€* (3 IPREM mensual, con ampliaciones por supuestos concretos) y (b) cuota de alquiler + suministros ≥ 35% ingresos netos de la unidad familiar.
El que me alquila es un gran tenedor-propietario o un pequeño propietario?
Es un gran tenedor la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos (viviendas, locales, solares, edificios en construcción), excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2. El resto, son considerados pequeños tenedores por esta ley (aunque una empresa con menos de 10 inmuebles o un particular con 9 viviendas, debería ser considerado como tal).
Qué plazos tenemos para solicitarlas?
Muchos alquileres se pagan antes del 2-5 de abril, por lo que aunque el plazo para las solicitudes de condonaciones o moratorias es hasta el 2 de mayo, sí tiene urgencia presentar cuanto antes los escritos y documentación acreditativa. No hay que preocuparse por los plazos de solicitud para la suspensión de los desahucios de alquiler, ya que aplican a partir de que se levante el estado de alarma, estando actualmente parados.
Cuando podré acceder a documentos útiles para solicitarlas?
Para facilitar el empoderamiento y defensa de las personas puedan beneficiarse de las medidas, se ha resumido todo ello en un documento la información básica (ver adjunto).
En este momento, estamos trabajando ya en documentos útiles para solicitar tales medidas, que próximamente colgaremos en nuestras webs, priorizando primero los más urgentes.
La ley que hay que consultar para más información es el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. Las medidas de alquileres están en los artículos de 1 a 15, y las de hipotecas y otros créditos en los artículos de 16 a 27.
Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a afectadoshipotecasevilla@gmail.com. Es importante tener en cuenta que toda esta documentación es un material que se irá adaptando, en base a cómo evolucione la situación y a su uso en casos concretos.
Si se para la producción se hace para todo el mundo, también para las rentas de capital.La PAH protegeremos a las familias que no pueda pagar su hipoteca, alquiler o suministros básicos este 1 de abril, si el Gobierno renuncia a salvaguardarlas en favor de la cuenta de beneficios de las grandes empresas.
Golpeadas por el coronavirus, el Consejo de Ministros de mañana es un momento crucial para lidiar las consecuencias económicas que trae esta pandemia y no repetir los errores de 2008. La banca y fondos buitre lo saben y llevan días intentando dividir y hacer aguas el escudo social, que el Gobierno vende pero -para nuestra alarma- no lo implementa:
1º. EN HIPOTECAS: Si no fuera ya insuficiente que la deuda hipotecaria pase íntegra al final del préstamo (el decreto de 15 de marzo únicamente elimina el coste del interés moratorio), el Gobierno cede aún más ante la banca avalando que restrinja su aplicación sólo a quienes cumplen A LA VEZ los 4 indicadores de vulnerabilidad ante el coronavirus.
La PAH reclama que se exonere a las afectadas y se elimine esa restricción múltiple, para que pueda aplicarse una salida justa a todos las hipotecadas con bajos ingresos. La banca rescatada nos debe miles de millones de dinero público y está especulando con viviendas arrebatadas a las familias.
No se puede permitir que, tras desahuciar a más de 1 millón de hogares desde 2008, el año que viene haya ejecuciones hipotecarias pisoteadas por más acumulación de deuda por esta crisis y nuevos desahucios sin alternativa habitacional. Al contrario, debe obligárseles a paralizar los desahucios más allá del estado de alarma y a poner vivienda en disposición de las personas empobrecidas.
2º. EN ALQUILERES: Se está vendiendo en prensa una moratoria general financiada por microcréditos bancarios sin interés avalados por el Estado. Es decir, justamente lo que está proponiendo la banca y la patronal de los grandes tenedores para que la factura la paguemos íntegra los de siempre, aunque sea a plazos.
Este viernes, ASIPA, la reciente patronal estatal de los grandes tenedores (entre cuyos socios están las dos SOCIMIS más cotizadas del ladrillo español, MERLIN PROPERTIES y COLONIAL, o colosos del sector a nivel europeo como UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD, o AZORA), ha hecho público un comunicado dirigido al GOBIERNO advirtiéndole de las consecuencias que tendría obligar a grandes tenedores de vivienda a condonar durante dos meses las rentas de alquiler para colectivos vulnerables afectados por el coronavirus. Nos parece repugnante que los FONDOS BUITRE y las GRANDES FORTUNAS DEL ALQUILER, que no pagan los impuestos de sociedades debidos, que en su mayoría están radicadas en paraísos fiscales, que utilizan métodos mafiosos contra las familias vulnerables, y están vinculadas a portales inmobiliarios investigados por manipular los precios del alquiler de miles de viviendas como IDEALISTA, se estén aprovechando de la actual crisis derivada del coronavirus para chantajear al GOBIERNO.
La PAH reclama que se exonere a las afectadas y que no haya ni un euro más de dinero público que pueda subvencionar alquileres especulativos. Hay que compensar al pequeño propietario que tiene una vivienda alquilada a un precio asequible para poder vivir y no puede llegar a un arreglo con su inquilino, pero no a fondos especuladores.
Esta crisis no debe retrasar el control de precios de los alquileres y una normativa de vivienda que ponga coto a la burbuja inmobiliaria con la que estos tenedores se han lucrado. Se han de renovar los contratos no sólo evitando nuevas subidas abusivas sino ajustándolos a los ingresos de las familias.
Por otro lado, cada CCAA y Ayuntamiento está dando soluciones dispares para los afectados de vivienda pública. Exigimos, como alguna CCAA ya ha decidido, exoneración del alquiler para todas las familias de todo el parque público correspondiente, por lo que no cabe acumular deuda para los más vulnerables y un compromiso político claro de no hacer caja con la desgracia.
3º. EN SUMINISTROS: Es notorio que las grandes suministradoras están teniendo beneficios millonarios
La PAH reclama que las medidas no sean restrictivas y que no se acumule deuda a las familias en precari, de manera aque sean las grandes empresas energéticas quienes, de sus beneficios, exoneren a las familias de ellas. Al contrario, es necesario una tarifa social para la recuperación económica de las familias y una renta básica.
Estas son las medidas que no dejarían a nadie atrás para un rescate ciudadano, dado que el Gobierno no se atreve a intervenir las empresas financieras y suministradoras para ponerlas en favor del interés general.
Si vamos a vencer a este virus será por el esfuerzo heroico de los trabajadores de la Sanidad y de otros trabajadores esenciales. Pero no podemos caer derrotados después por otro virus económico cuando muchas aún ni se han recuperado de la última burbuja inmobiliaria. Todo mero aplazamiento es esperar a que enterremos nuestros seres queridos para que el lobby bancario e inmobiliario vuelva a su proceso extractivo contra nosotras.
Ante esta crisis, desde la PAH vemos lógico que si el Gobierno no ha planteado las soluciones adecuadas a las familias afectadas por el coronavirus -como las planteadas por tantos colectivos adheridos al Plan de Choque Social-, la iniciativa de Huelga de Alquileres, promovida inicialmente desde Estados Unidos para el 1 de abril, haya comenzado a convocarse en España, respaldada por más de 200 organizaciones. Desde la PAH también saludamos la iniciativa y estamos terminando de trabajar a nivel estatal, dentro de nuestro proceso asambleario, para construir respuestas unitarias que incluyan al máximo de familias. La PAH llevamos 11 años protegiendo y prestando apoyo a quienes no pueden pagar por disfrutar de algo que es un Derecho básico y fundamental como la vivienda, logrando soluciones ajustadas a cada familia, incluyendo a las que han perdido su vivienda o ni siquiera les renuevan el alquiler.
Manifestamos que todas las PAHs protegeremos solidariamente a las miles de familias que no puedan pagar su hipoteca, alquiler o suministros básicos este 1 de abril, si el Gobierno renuncia a salvaguardarlas en favor de la cuenta de beneficios de las grandes empresas.
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Las organizaciones impulsoras del Plan de Choque Social consideramos que el “real Decreto- ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19” se queda muy corto en la protección de la mayoría de la sociedad y, en especial, de la clase trabajadora.
Si el Gobierno realmente no quiere dejar a nadie atrás, como sucedió en 2008, debe ampliar sus miras. Hay medidas que se tienen que aplicar de forma urgente para dejar de poner en riesgo vidas y evitar un colapso sanitario y social.
El Gobierno tiene que escuchar a centenares de sindicatos, organizaciones y plataformas antirracistas, feministas, ecologistas y sociales que exigimos una salida de esta crisis sanitaria, social, de cuidados, climática, ecológica y económica que ponga la vida en el centro y no los beneficios de las grandes empresas. Dejar en manos de la buena voluntad del IBEX 35, los especuladores y otros poderes económicos la protección de la sociedad y el medio ambiente no es una opción si se quiere evitar que se dispare, aún más, la desigualdad social, el deterioro climático y ambiental y la destrucción de derechos.
A continuación resumimos algunas propuestas urgentes que exigimos y que vamos a defender desde la solidaridad, la organización colectiva y la movilización:
REFORZAR LA SANIDAD PÚBLICA. UNIVERSALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA INTERVENCIÓN DE LA SANIDAD PRIVADA SIN COMPENSACIÓN ECONÓMICA
Los próximos días se prevee que los sistemas sanitarios de los territorios donde se concentran más casos de Covid-19 lleguen al colapso. No es casual porque el límite de capacidad de la sanidad pública se ha visto reducido por más de una década de recortes y privatizaciones.
Es imprescindible y urgente dotar de recursos suficientes a los centros sanitarios. De la misma forma, la escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) para todo el personal de estos centros pone en riesgo sus vidas y la de las personas enfermas y envía centenares de profesionales a la cuarentena, debilitando aún más el sistema sanitario. La intervención de la sanidad privada tiene que traducirse ya en la movilización de todos los recursos privados al servicio del interés general y la salud pública. Esta movilización masiva de recursos no puede traducirse en una factura millonaria de las empresas sanitarias privadas que provoque nuevos recortes después de la emergencia.
Estas empresas deben dejar de parasitar recursos públicos en un momento en que son aún más necesarios que nunca. En la situación extraordinaria que vivimos, es importante reforzar la información y los servicios básicos de urgencia para garantizar Derechos Sexuales y Reproductivos. La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Anticoncepción de Urgencia (AU) siguen siendo servicios de urgencia para todas las mujeres independientemente de la edad y de si tienen o no tarjeta sanitaria.
PROTEGER A LAS TRABAJADORAS DE SERVICIOS ESENCIALES
En medio de esta emergencia hay millones de personas trabajadoras sosteniendo la vida en multitud de sectores además del sanitario: residencias, Servicio de Atención Domiciliaria, sociosanitarios, cuidados, suministro de agua y energía, transporte, limpieza, alimentación, farmacias y muchos otros. La mayoría son trabajadoras con condiciones precarias y trabajos poco valorados socialmente. Esta primera semana de estado de alarma desde todos estos sectores llegan denuncias de la irresponsabilidad empresarial, la falta de aplicación de protocolos sanitarios y la práctica inexistencia de Equipos de Protección Individual (EPI). En muchos servicios externalizados por las administraciones públicas se reproduce esta situación. Hasta ahora Inspección de Trabajo no está reaccionando con la rapidez y la contundencia necesarias a la denuncia por parte de los sindicatos de situaciones dramáticas.
Es especialmente preocupante la situación en sectores en contacto permamente con grupos de riesgo como residencias o el Servicio de Atención Domiciliaria que se encuentran ya en colapso. Sin la precariedad que sufren las geroculturas y el resto de trabajadoras de cuidados se habrían evitado contagios y muertes. También nos preocupa la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las jornaleras y jornaleros migrantes del campo andaluz. Muchas viven en asentamientos de chabolas, sin acceso a agua o a luz y sin ningún tipo de asistencia sanitaria y jurídica. Hay que intervenir ya y obligar a las empresas a adoptar medidas de protección inmediatamente.
Hay que señalar la situación de abandono y vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar y los cuidados. El régimen especial de la Seguridad Social las priva del derecho al paro y las deja con pensiones más mermadas que al resto de trabajadoras. En esta crisis sanitaria y de cuidados están sufriendo despidos, las internas están encerradas con sus empleadores y sin medidas de protección sanitaria en las que la inspección de trabajo pueda intervenir. Para que la situación deje de ser tan precaria se debe ratificar el Convenio 189 de la OIT. Mientras tanto, es impostergable la inclusión de este sector en la provisión de Equipos de Protección Individual para evitar la propagación del contagio.
PARALIZAR TODA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PRODUCTIVA NO ESENCIAL Y LANZAR UN PLAN INDUSTRIAL DE PRODUCCIÓN DE EPISs, TEST y EQUIPOS DE VENTILACIÓN
Las medidas de protección de la salud pública se han quedado en la puerta de las empresas. Es una irresponsabilidad que mientras se restinge la movilidad y en pleno Estado de Alarma se permita que empresas con actividades que no son imprescindibles continúen como si nada con la producción. En la mayoría de los casos las empresas además funcionan con escasas o nulas medidas de protección de riesgos laborales. Durante la semana multitud de sindicatos, comités y plantillas han parado la actividad de sus centros de trabajo a través de la aplicación del artículo 21 Ley de Protección de Riesgos Laborales.
Sin embargo, de nuevo, el Gobierno no puede mirar hacia otra parte ni dejar en manos de los intereses privados la vida y salud de la gente. Hay que decretar el cierre de toda actividad no esencial y evitar que sigan propagandose contagios. A la vez hay que lanzar un plan industrial para producir todos los test, EPIs y equipos de ventilación necesarios, utilizando las instalaciones y recursos de las industrias paralizadas.
PROHIBIR LOS DESPIDOS E INTRODUCIR UNA RENTA BÁSICA DE CUARENTENA UNIVERSAL E INCONDICIONAL
La patronal está aprovechando el shock para cargar en las espaldas de la clase trabajadora los costes de esta crisis. Es urgente prohibir los despidos y anular los que se han producido desde el inicio de la emergencia. Además, la avalancha de ERTE casi no diferencia entrepequeñas empresas (50 trabajadoras o menos) sin ingresos que se juegan su viabilidad y multinacionales con beneficios millonarios, con una exoneración del 75% de las cuotas de la seguridad social. Hay que darle la vuelta a la situación y que las mutuas privadas y grandes empresas paguen su parte. Una posibilidad es un permiso retribuido de 4 semanas asumido por la patronal sin perjuicio de lo que se pueda acordar en la negociación. Ninguna despedida y nadie expuesta de manera innecesaria.
Pero sin o con trabajo contractual, nadie se puede quedar sin ingresos mientras dure la emergencia sanitaria o las consecuencias sociales serán devastadoras. Por eso es imprescindible introducir una “renta básica de cuarentena” que garantice ingresos de manera universal e incondicional mientras dure el estado de alarma. Esta renta básica debe garantizar la sostenibilidad de la vida a trabajadoras por cuenta ajena, autónomas y profesionales que tengan que parar su actividad. También deben proteger a las pequeñas y medianas cooperativas que trabajan desde la Economía Social y Solidaria, a quienes subsisten en sectores más precarios y desprotegidos como las trabajadoras del hogar o sectores de la economía informal y a quienes se dedican a los cuidados de menores, dependientes y personas mayores sin remuneración. El acceso a la renta básica debe garantizarse a toda persona sin importar su nacionalidad, estatus de residencia o situación administrativa.
Además, debe garantizarse toda la potencialidad de los servicios sociales –sin funcionamiento en la mayoría de administraciones, o al mínimo de su actividad– para que ninguna familia quede desprotegida sin alimentación ni bienes básicos que son procurados por estos hoy inexistentes servicios sociales.
RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA MACHISTA
La estrategia del confinamiento traslada toda la tensión, la carga de los cuidados y la vulnerabilidad sobre las familias y otras unidades de convivencia, y especialmente sobre las mujeres. Se necesitan medidas de choque que mantengan activados y refuercen los recursos sociales de prevención, detección de la violencia machista y apoyo a las mujeres expuestas a situaciones de violencia en este contexto, para que el confinamiento no se convierta en un aislamento y una condena para ellas.
LIBERACIÓN PRESAS VULNERABLES
En las cárceles las condiciones de vida son ya de por sí pésimas y la desatención sanitaria es una constante. Ninguno de los centros penitenciarios en el Estado español tiene capacidad para aislar en condiciones adecuadas (no en celdas de castigo) a los internos que puedan presentar síntomas, ni mucho menos tratar de forma adecuada a aquellos que puedan presentar una sintomatología grave. Es por ello que exigimos que las presas que sean clasificadas como población de riesgo por su edad o por tener enfermedades previas sean excarceladas de manera inmediata.
SUSPENDER DEL PAGO DE ALQUILERES, HIPOTECAS Y SUMINISTROS BÁSICOS Y PARALIZACIÓN DE TODOS LOS DESAHUCIOS
Esperar que se genere una cadena de solidaridad por parte de los especuladores está condenado al fracaso. Son necesarias medidas que les frenen. Hay que exonerar el pago de hipotecas y alquileres ( con compensación a los arrendadores particulares que lo requieran) para que esta crisis sanitaria no provoque que más familias pierdan su hogar. La moratoria del pago de las hipotecas aprobada por el Gobierno consiste en una simple suspensión temporal con criterios muy restrictivos. Cuando finalice las personas hipotecadas tendrán que seguir haciendo frente a sus pagos -a diferencia de las empresas que soliciten ERTEs, que quedarán exoneradas del pago de las cuotas de Seguridad Social-. Para la banca, sólo aplaza el cobro y, de nuevo, no asumen ningún coste de esta situación. Exigimos la exoneración de los pagos mientras dure esta situación y, por lo tanto, que no se acumule deuda.
En el mismo sentido, hay que garantizar el acceso a todos los suministros básicos (agua, luz, gas y telecomunicaciones), sin restricciones y con una expresa prohibición de corte en todo el ámbito doméstico, y que las grandes empresas asuman el coste con sus beneficios millonarios. Estos servicios esenciales para la vida deben ser gestionados de forma pública y democrática.
Para cumplir con los Dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, es también necesario alargar la paralización de todos los desahucios sin alternativa habitacional más allá de la duración estricta del estado de alarma, dado que sus efectos se verán en los próximos meses. Para paliar el efecto de la crisis a medio plazo se debe constituir un parque público de vivienda suficiente.
CIERRE DE LOS CIES, FIN DE LAS DEPORTACIONES Y DEROGACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA
Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas migrantes y racializadas deben estar garantizados en esta situación de emergencia sanitaria. La situación de los CIEs es muy similar a la de las prisiones por lo que se impone la necesidad de cerrar todos los CIEs. Además, deben elaborarse medidas encaminadas a evacuar a las personas internas en los CETI’s en Ceuta y Melilla y permitir su acceso a la península.
Asimismo urge evitar que las medidas especiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado sean utilizadas para dar cobertura a redadas racistas. Hay que asegurar la protección los centros de acogida, poniendo especial atención a la situación de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS), y mantener la cobertura de las personas que cumplan la mayoría de edad y estén en situación de tutela, no dejándolas desamparadas. Para evitar poner en especial situación de riesgo a las personas migrantes es necesario derogar la ley de extranjería y emitir la orden para que tengan validez identificativa los documentos caducados.
También exigimos que se garantice la traducción de todas las instrucciones gubernamentales, las recomendaciones sanitarias y los recursos comunitarios que se habiliten, en varios idiomas atendiendo a criterios de diversidad cultural de cada comunidad, así como la elaboración de material informativo de prevención en diversos idiomas.
GARANTIZAR RECURSOS PÚBLICOS SUFICIENTES PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CHOQUE SOCIAL
Las medidas aprobadas por el Gobierno hasta el momento se basan en un aumento del gasto público y a la vez la exoneración del pago de impuestos, es decir, una merma de ingresos con un sistema fiscal ya fuertemente regresivo. Los miles de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo pueden vaciar la caja de la Seguridad Social para proteger los beneficios de las grandes empresas privadas. Centenares de miles de sueldos y cotizaciones sociales van a ser sufragadas con dinero público sin casi condiciones ni contrapartidas. En la crisis global de 2008 el rescate al sector bancario desplazo un problema de deuda privada al sector público y esto no se puede volver a repetir.
La banca debe asumir pérdidas económicas y devolver a la sociedad el rescate impagado que asciende a 65.725 millones de euros. Tras más de 23.000 millones de beneficios declarados por la banca en 2019, hay que hacerles asumir su responsabilidad. De la misma forma el IBEX 35 y el resto de empresas con enormes beneficios tienen que asumir su parte del coste de esta crisis. No puede recaer de nuevo únicamente sobre las espaldas de la mayoría social mientras una minoría sigue enriqueciéndose.
Estas medidas son imprescindibles, posibles y urgentes para una salida de la crisis del coronavirus diferente a la de 2008. En este comunicado nos limitamos a señalar las líneas maestras de un Plan de Choque Social y no podemos detallar toda su concreción en una batería más concreta de propuestas. Las diferentes organizaciones, sindicatos y plataformas impulsoras del Plan de Choque Social hemos trabajado y seguimos trabajando en su desarrollo en los ámbitos de lucha a los que nos dedicamos. Si el Gobierno no aplica estas medidas o las aplica parcialmente buscaremos todas las vías colectivas para presionar y garantizar los derechos de millones de personas.
Animamos a todas las personas afectadas por esta crisis a autoorganizarse e impulsar juntas esta lucha. No vamos a consentir que la crisis sanitaria y la paralización económica se conviertan en una nueva excusa para aumentar el deterioro ecológico y climático, el empobrecimiento de la mayoría de la sociedad y la vulneración de los derechos más elementales.
Ayer 18 de marzo, en medio de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, se publicó en el BOE un paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la situación. Entre ellas, se encuentra una moratoria hipotecaria (se pospone el pago de la cuota) en los casos de vivienda habitual. Lee bien este documento para saber si te encuentras entre los supuestos para acogerte.
A continuación resumimos las líneas básicas y presentamos un Documento Útil para solicitarlo a tu entidad bancaria. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a afectadoshipotecasevilla@gmail.com.
Base normativa
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Moratoria de deuda hipotecaria para adquisición de vivienda habitual: arts. 7-16.
Ámbito de aplicación
Contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria para adquisición de vivienda habitual.
Deudor en los supuestos de vulnerabilidad económica del artículo 9 del RDL.
Extensivo a fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual.
Situación de vulnerabilidad económica
Cuatro supuestos (se han de cumplir todos):
1. Nueva situación de desempleo o empresarios/profesionales con pérdida sustancial de ventas/ingresos (mínimo 40%).
2. Ingresos unidad familiar no superen el mes anterior a la moratoria:
Carácter general: 3 IPREM mensual = 1.613,52€.
+0,1 x hijo a cargo = 53,78€.
+0,15 x hijo a cargo para familias monoparentales = 80,68€.
+0,1 x mayor de 65 años = 53,78€.
Unidad familiar con persona con discapacidad > 33%: 4 IPREM = 2.151,36€.
Deudor hipotecario con parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual, todas > 33%; discapacidad física o sensorial > 65%, enfermedad grave que incapacite al deudor o su cuidador para trabajar: 5 IPREM = 2.689,20€.
3. Cuota hipotecaria + suministros > 35% ingresos netos de la unidad familiar.
4. Alteración significativa de las circunstancias económicas de la unidad familiar a causa de la emergencia sanitaria: el esfuerzo de la carga hipotecaria se haya multiplicado mínimo 1,3.
Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores
Si son vulnerables, podrán exigir que el banco agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda a ellos. No excluye la aplicación del Código de Buenas Prácticas al deudor principal.
Acreditación de las condiciones de vulnerabilidad
Desempleo: certificado de prestaciones con la cuantía mensual percibida.
Cese de actividad: certificado expedido por Hacienda o la CCAA.
Número de personas que viven en la vivienda:
Libro de familia o certificado de pareja de hecho.
Certificado de empadronamiento actual y que abarque los 6 meses anteriores.
Declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad permanente (si es el caso).
Titularidad de los bienes:
Nota simple de todos los miembros de la unidad familiar.
Escrituras de la compraventa y la hipoteca de la vivienda.
Declaración responsable indicando que se cumplen los requisitos del RDL.
Solicitud y concesión
Desde el 19 de marzo.
Hasta 15 días (3 semanas) después del fin de la vigencia del RDL. Eso es, si no hay una modificación para ampliar su vigencia, el 3 de mayo de 2020.
Una vez realizada la solicitud, el banco deberá implementarla en un máximo de 15 días (3 semanas).
Efectos
Suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de vigencia. No se puede exigir el pago, pero la cantidad que se debe se mantiene igual. ¡No es una condonación! Tampoco se podrá exigir el pago de cualquier otro concepto que integre la cuota hipotecaria: amortización del capital, pago de intereses. No se devengarán intereses.
Inaplicación de la cláusula de vencimiento anticipado durante la moratoria.
Consecuencias de aplicación indebida
Si un deudor hipotecario se beneficia de las medidas sin cumplir con los requisitos será responsable de daños y perjuicios, así como otros gastos de aplicación de las medidas.
El importe de esta indemnización no podrá ser inferior al beneficio que haya obtenido.
También será responsable el deudor que busque situarse o mantenerse en las condiciones de vulnerabilidad a propósito para ser beneficiario de las medidas.
Si cumples con los requisitos, deberás acudir o contactar con tu banco para solicitar que activen el mecanismo y aportar la documentación requerida. Ten en cuenta que algunos de los documentos deberás pedirlos antes a Hacienda o tu Ayuntamiento, así que no te duermas.
Lógicamente, esta moratoria se queda muy corta y seguiremos luchando para que esta crisis no la paguen las de siempre. Necesitamos un plan de choque social que no deje a nadie en la cuneta. Ejerce tus derechos. ¡Sí Se Puede!
O se suspenden los pagos de alquiler y de hipoteca para las personas que están dejando de percibir ingresos, o nos enfrentamos a una crisis de vivienda mayor que la de 2008.
En pocos días miles de personas están siendo despedidas de sus trabajos o sufriendo ERTEs. Muchas familias que de repente dejan de recibir ingresos, se ven confinadas en su hogar, pero en cambio siguen teniendo que pagar el alquiler, la hipoteca y los suministros básicos del hogar.
Ya nos han empezado a llegar casos de personas desesperadas que no van a poder pagar su alquiler o hipoteca en este contexto. ¿Si tu hogar deja de recibir ingresos, cómo vas a pagar la vivienda?
Llevamos años denunciando que estamos inmersos en una nueva crisis de vivienda. Somos de los estados de Europa donde más parte de nuestros ingresos se dedican al pago del alquiler y de la hipoteca, lo que ya estaba ahogando económicamente a muchas familias. Ahora, ante la situación del Coronavirus, esta crisis se hace mucho más grave, porque el pago de la vivienda nos sigue asfixiando pero muchos hogares dejan de percibir ingresos, lo que es completamente insostenible.
En la PAH lo tenemos claro: o se exime a estas familias del pago del alquiler y de la hipoteca durante el tiempo que dure la crisis y no reciban ingresos, o en pocos meses nos estaremos enfrentando a una crisis de vivienda aún peor que de la de 2008.
Es por ello que exigimos al Gobierno que de manera inmediata la suspensión del pago del alquiler, de la hipoteca y de los suministros básicos del hogar (luz, agua y gas) para las personas que pierdan sus ingresos durante la crisis.
De lo contrario, y ante la posibilidad de que se alargue el confinamiento, nos vamos a enfrentar a una situación en que miles de familias se van a ver forzadas al impago de alquiler o de hipoteca. En un contexto de carencia absoluta de política de vivienda real a nivel estatal, durante los próximos meses se podría traducir en procesos masivos de desahucios. Por eso debemos detener esta situación antes de que sea demasiado tarde.
Asimismo, también consideramos que esta medida debe ir acompaña de una política que durante la situación de emergencia no permita ningún despido y garantice la cobertura del 100% del salario, además de que ponga la sanidad privada a disposición del interés general.
En caso de que el Gobierno no apruebe estas medidas, seremos la PAH y los movimientos sociales, quienes las pondremos en práctica. Porque si algo tenemos claro, es que esta crisis no la vamos a pagar la población, como sucedió en 2008. Porque como llevamos mucho tiempo demostrando, no vamos a permitir que ninguna familia sea expulsada de su vivienda, solo para garantizar los beneficios de los especuladores.
PAH SEVILLA - Plataforma de afectados por la Hipoteca 
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