Con motivo de nuestro VIII Aniversario, hemos lanzado esta campaña, a través de un breve spot, para que todas aquellas familias que necesitan ayuda en estos tiempos tan complicados sepan que no están solas.Ayer mismo, en el preestreno de este vídeo en nuestra asamblea, una de nuestras compahs relataba su propia experiencia y creemos que parafraseando sus palabras se transmite todo lo que puede decirse sobre PAH y su lucha:
El dia 10 de Junio se publicaba la 7ª prórroga del plazo de enmiendas al «Proyecto de Ley de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19» demostrando que la urgencia de las familias nunca estará como prioridad en la agenda política.
Durante todo el estado de alarma estamos denunciando la insuficiencia de las medidas aprobadas por el Gobierno para no dejar a nadie atrás en la crisis sanitaria.
Ante la urgente necesidad de modificación de RDL 11/2020 de 31 de marzo de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico frente al COVID-19, la PAH hemos presentado, a todos los grupos parlamentarios y al Gobierno, alegaciones para que realmente «nadie se quede atrás» y llegue a todos los colectivos y sectores frágiles de la actividad económica. Empezando por las familias que ya eran vulnerables antes de la COVID‐19 y siguiendo por colectivos golpeados (personas dependientes, trabajadoras de la hostelería y del comercio, autónomos, trabajadoras de la cultura, jornaleros, trabajadoras domésticas, inquilinas de viviendas compartidas, sin papeles y migrantes).
De no ser así se estaría discriminando entre personas en una misma situación simplemente por si llegaron antes o después a esa situación. Una aberración que discrimina entre iguales. Si aprendemos de la historia, no podemos permitir que la crisis sanitaria sea la excusa para repetir los errores acumulados en la ultima década de recortes, precarización y desahucios. Más que nunca sigue habiendo vidas en juego y es urgente actuar. Exigimos al gobierno que nos escuche ya que con sus medidas la inmensa mayoría de la ciudadanía se queda atrás. Dijimos lo mismo en el 2008 y no se nos quiso escuchar, no entenderíamos que volviera a pasar lo mismo.
Semana tras semana el Gobierno y el principal partido en la oposición, vienen prorrogando al plazo de enmiendas, impidiendo el comienzo del trámite y alargando la llegada de una verdadera solución para las familias vulnerables. Además, aún en el caso de que finalizaran las prórrogas y se iniciara el trámite, este no acabaría antes de 6 meses, lo que va a impedir la extensión de la cobertura a las familias que ya eran vulnerables antes de la pandemia.
Estamos conociendo cómo, tras la reactivación de los juzgados, se están empezando a señalar desahucios demostrando que la famosa moratoria del gobierno no cubre a la inmensa mayoría de familias. Es por esto que la PAH exigimos que en paralelo a la tramitación inmediata del RDL 11/2020 como proyecto de Ley se apruebe un RDL que recoja las medidas necesarias que supongan la paralización inmediata de todo desahucio sin alternativa habitacional, dando cumplimiento a las demandas de Naciones Unidas y del Comité DESC
Desde la PAH queremos recordar que el Gobierno, tiene una oportunidad única para demostrar que están al lado de la ciudadanía y no a favor de las elites poderosas como la banca, los fondos de inversión, los oligopolios y las políticas del capital.
Nuestras enmiendas sirven para realmente no dejar a nadie atrás por lo que podremos comprobar qué partidos están realmente al lado de la ciudadanía vulnerable de este país.
Como hemos demostrado, en nuestros más de 11 años de historia, la PAH es un movimiento propositivo por lo que hemos hecho llegar a los partidos y Gobierno 12 medidas a incorporar en la tramitación de RDL 11/2020 como ley. Fuimos las que denunciamos los abusos de la banca y la falta del parque público y no se nos quiso hacer caso, fuimos las que exigimos una moratoria de los desahucios y tampoco se nos quiso hacer caso.
Ahora somos las que decimos que con las medidas actuales la inmensa mayoría de la ciudadanía se queda atrás. Esperamos que no se repita la historia, nuestras propuestas son para el beneficio de la inmensa mayoría de la sociedad.
Las principales medidas son:
Suspensión de todos los desahucios sin alternativa habitacional de forma indefinida, independientemente del proceso judicial que lo insta (hipotecario, por impago de cuotas de alquiler, por precario o penal). establecimiento del juicio de proporcionalidad que viene reclamando a España el Comité DESC de Naciones Unidas
Extensión de las medidas a todas aquellas personas y familias que están en situación de vulnerabilidad, no sólo las que han llegado ahora por el COVID. Que todas las familias que ya eran vulnerables antes de la aparición de la crisis sanitaria actual por diversas razones, como haberse quedado en desempleo, quienes viven de alquiler en una habitación, quienes compartiendo piso no sea titular del contrato, o a quienes finalizó su contrato antes del estado de alarma y ahora no tienen ingresos suficientes para una alternativa adecuada, y otras circunstancias como renta antigua y multitud de sectores que afecta.
Exoneración en lugar de pago aplazado, de las cuotas del pago de hipoteca y rentas del alquiler de aquellas familias que se han visto afectadas por esta crisis, y también de aquéllas que ya estaban con anterioridad en una situación de grave dificultad económica, incorporando compensaciones adecuada a pequeños propietarios, cambiando la diferencia entre pequeños propietarios, grandes propietarios ‐a partir de más de 5 viviendas.
Ampliación y mejora de la prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda extraordinaria. Ampliar el tiempo de prórroga de los contratos que finalicen después del estado de alarma, de 2 que propone el RDL 11/2020 de 4 a 6 meses siguientes. Ampliar la prorroga a un año en vez de 6 meses que propone la ley
Reducción y modificación de requisitos para evitar la burocratización del procedimiento y excluyen a muchas familias de la aplicación de las medidas.
Ampliación de la protección de los deudores hipotecarios encaminada a evitar la pérdida de vivienda habitual, con una segunda aplicación del código de buenas prácticas.
Ampliación de la protección a las familias respecto a los suministros básicos de agua, luz y gas; tarifa social y consumo mínimo vital.
Parque público de viviendas para satisfacer las necesidades de vivienda social y asequible, en base a las viviendas desocupadas de los grandes tenedores como forma de corresponsabilidad social y compensación del rescate anterior, haciendo efectiva la función social de la vivienda.
Estas medidas se deben aplicar a toda familia (pre y post COVID‐19) en situación de vulnerabilidad, como mínimo, hasta el 31 de diciembre 2021.
Si no es así, miles de personas #SeQuedanAtrás
Si quieres conocer el texto integro presentados a los grupos parlamentarios y al Gobierno, lo puedes leer en este enlace
Quiero, en primer lugar, agradecer en nombre de la PAH la oportunidad que se nos brinda para reiterarles a Vds. algo que por fuerza tienen que conocer: La posibilidad de ejercer en España el Derecho de acceso a una Vivienda digna y adecuada está constreñida al nivel de renta disponible de cada persona, lo que aleja a millones de personas de esa posibilidad, agravado ello por la inexistencia de un Parque Público de Vivienda (menos del 2% del total frente a una media cercana al 20% en países de nuestro entorno) destinadas a alquiler asequible y de carácter social, en cantidad suficiente para que no quede nadie sin hogar.
En definitiva, el derecho consagrado en el artº 47 de la Constitución, es un derecho de pago, a diferencia del Derecho a la Sanidad por ejemplo, para cuyo disfrute basta con el pago normal de impuestos, teniendo garantizado incluso las personas que no los pagan por carecer de ingresos, puedan utilizar la Sanidad Pública. Para acceder al Derecho Vivienda, además de pagar los impuestos, hay que poder pagar la casa, destinando a ello en muchísimos casos más del 30% del presupuesto familiar, lo que no sólo es que dificulte llegar a fin de mes, sino que es una bomba de relojería en situaciones de crisis.
La PAH somos un movimiento social con 11 años de historia, surgido como respuesta popular a la anterior crisis: la pandemia financiera que según datos del CGPJ provocó más de 1.020.000 desahucios, duras tragedias a varios millones de personas, y un número incalculable de suicidios que asolaron nuestro país en la crisis anterior. A fuerza de lucha, tesón, sufrimiento, ser criminalizados, multados…etc. conseguimos demostrar que sí se podían hacer cosas que las autoridades nos negaban: daciones en pago, alquileres sociales, recuperaciones de viviendas… Nuestra lucha sirvió también para demostrar lo injusto del procedimiento judicial de ejecución hipotecaria, o la multitud de estafas que contenían los contratos hipotecarios que eran soportadas por la legislación y la Justicia españolas, a nosotros no nos creían, y tuvo que venir el TJUE a poner un poco de orden, revocando ese injusto procedimiento, y señalando en cada una de sus sentencias sobre las cláusulas abusivas, que una Directiva comunitaria, la 93/13 seguía (sigue aún hoy) sin aplicarse en España. No sólo nos tuvimos que enfrentar a la banca, causante de la crisis, también a las autoridades que la protegieron en todo momento. Así que sabemos de lo que hablamos y de las consecuencias de no tomar medidas sociales suficientes a tiempo.
En la crisis actual, es cierto que se han adoptado medidas diferentes y positivas en la dirección de no dejar a nadie atrás. A la PAH, como movimiento social que lucha por lograr el ejercicio del Derecho a la Vivienda digna y adecuada, nos corresponde valorar las medidas aprobadas en esta área, y hemos de reconocer pasos en buena dirección, aunque de escaso alcance, muy corta duración, con trato discriminatorio y multitud de familias cuya casuística está excluida, y muy injustas, ya que hacen recaer su peso económico sobre la ciudadanía, sin intentar recuperar los más de 60.000 millones del rescate anterior, que sólo el Banco de España da por perdidos, desde luego ni la ciudadanía, ni por supuesto la PAH nos resignamos a perderlos. Además, no se incluyen medidas que garanticen el cumplimiento de los dictámenes del Comité DESC de Naciones Unidas.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
Esto no es el manifiesto de la PAH, es el artículo 47 de la Constitución de 1978, y hoy 42 años después, este derecho sigue fuera del alcance de miles de familias, porque sus rentas, las de los que las tienen, no se lo permiten, y muchísimas más, ven en serio peligro su permanencia en las que están ahora residiendo, una vez que caduquen los 6 meses de suspensión para los desahucios derivados de la LAU, ya que no todos están suspendidos pese a la magnitud de la crisis, la precariedad y la falta de alternativa habitacional adecuada y segura. No es suficiente, y además es terriblemente injusto, proteger únicamente a quienes han caído en vulnerabilidad como consecuencia del Covid‐19, y dejar fuera de la protección a los ya eran vulnerables antes del Covid‐19, ya que la pandemia ha empeorado necesariamente su situación anterior.
Durante nuestros 11 años de historia la PAH se ha caracterizado, no sólo por luchar contra la emergencia, sino por ser un movimiento propositivo porque sabemos que sólo cambiando las leyes a nivel estatal, autonómico y local podremos garantizar el derecho a la vivienda para todas. En el 2013 recogimos 1,5M de firmas para conseguir, entre otras peticiones, la dación en pago, sólo la mayoría absoluta del PP impidió su aprobación, en Cataluña hemos conseguido aprobar la ley 24/2015 la ley más garantista que existe en Europa ya que co responsabiliza al sector privado de las consecuencias de sus actividades y queremos que se extienda a todo el territorio ya que no es justo que sólo los catalanes tengan una mayor protección que el resto de ciudadanos. En otras comunidades hemos conseguido mejoras en leyes, protocolos o normas. Nuestras propuestas han demostrado que acabarían con la emergencia habitacional en España y sin embargo muchos de ustedes prefieren continuar escuchando a supuestos «expertos» que vuelven a ofrecer las mismas recetas que nos han llevado a esta situación insostenible. Son recetas que no miran por el bien común y por garantizar un derecho básico como la vivienda. Son expertos afines a quienes quieren ganar hasta el último € posible, aunque eso signifique dejar a familias, menores, enfermos, en la calle sin alternativa alguna.
Para que el Derecho a la Vivienda pueda llegar a ser un derecho ejercible para cualquier persona, se requieren medidas a corto plazo, que garanticen que las familias no pagan con sus casas o con sus Derechos el coste de la crisis, esas medidas, están contenidas en el documento de enmiendas que les hemos remitido, y en las que no me extenderé ahora puesto que ya las tienen, y pueden Vds. preguntar al respecto. Sólo voy a destacar dos:
El cumplimiento por parte de España de sus compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, en concreto del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuya ratificación por parte de España aparece en el BOE del 30 de abril de 1977, y cuyo protocolo facultativo aparece ratificado en el BOE del 25 de febrero de El incumplimiento de este pacto, ha provocado desde 2017, que el Comité DESC de Naciones Unidas haya condenado a España 3 veces, por vulnerar el Derecho a la Vivienda.
El inicio de la creación del Parque Público de Vivienda, con las que obran a día de hoy en poder de la SAREB y de Bankia, entidades ambas con mayoría de capital público creada la una para sanear la banca, y rescatada la otra con 24.0000 millones. También con viviendas desocupadas en propiedad tanto de la banca rescatada, como de los fondos buitre, especuladores radicados en paraísos fiscales que gestionan sus viviendas en los paraísos fiscales nacionales que son las
También se requieren medidas a medio plazo: una ley estatal de vivienda, tras el bloqueo impuesto al trámite de la Ley de Vivienda de la PAH, que el Pleno del Congreso votó tomar en consideración el 18/9/18. Este ha sido hasta ahora el único intento de hacer una ley de estas características, y la trajo la PAH al Congreso. La futura ley debe establecer la condición de bien social de la vivienda, las garantías de acceso a la misma, la definición jurídica de “vivienda desocupada” que permita actuaciones en situaciones de necesidad, definir el Parque Público de Vivienda para alquiler asequible y de carácter social, y las condiciones necesarias para que una vivienda pueda ser calificada de digna y adecuada, debe establecer obligaciones de las Administraciones Públicas para la creación del mismo prohibiendo expresamente la venta de viviendas públicas, estableciendo mecanismos que permitan la utilización temporal de viviendas desocupadas como parque público, así como medidas que permitan limitar los precios de los alquileres.
Hace falta establecer un mínimo vital en materia de suministros básicos y de telecomunicaciones, que garantice la permanencia en el servicio de familias en situación de vulnerabilidad.
Se debe reformar también la ley de crédito inmobiliario, dotándola de los estándares europeos en materia de los derechos de los consumidores reiterados en la jurisprudencia del TJUE, y estableciendo la dación en pago como forma de resolución de los contratos en casos de incapacidad sobrevenida, para hacer frente al pago, y la responsabilidad limitada para no endeudar a familias de por vida, lo que ha constituido la muerte civil de las mismas.
Es necesario también reformar la LAU, de forma que se garanticen precios justos, la estabilidad de los inquilinos, y se impidan las subidas especulativas de precios.
Desde la PAH, les proponemos a todos en general, y muy especialmente a quienes conforman la mayoría progresista de esta Cámara, una tregua consistente en acabar de una vez con las sucesivas prórrogas e iniciar de una vez el trámite como PL del RDL11/2020, ya que el próximo día 22 se inicia la cuenta atrás para los desahucios suspendidos y otras ayudas, y aprobar urgentemente nuestras enmiendas, para dar así un respiro a los cientos de miles de familias en situación actual de vulnerabilidad pre y post Covid‐19, y que seamos capaces de aprovechar el tiempo de esa tregua para afrontar las medidas de largo alcance que también les estamos proponiendo.
En la PAH estamos acostumbrados a que nos digan que no se pueden hacer ciertas cosas, pero al final, hemos demostrado muchas veces que ¡Sí se puede!
Según la normativa publicada en relación a los desahucios y en la experiencia que tenemos tras años de lucha defendiendo el derecho a la vivienda digna debemos estar preparadas, no vamos a permitir de ninguna de las maneras que vuelva “la curva de la vergüenza, la de los desahucios”. Hasta ahora: Los plazos procesales quedan suspendidos desde el 14 de marzo de 2020 por vía de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020 , de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.
El mismo 14 de marzo se hace pública la Resolución del Secretario de Estado de Justicia sobre servicios esenciales en la Administración de Justicia, que establece los servicios esenciales que sí se prestarán durante el estado de alarma. Aunque no se hace mención específica a los lanzamientos, se incluye la posibilidad de llevar a cabo » Cualquier actuación que, de no practicarse, pudiera causar perjuicios irreparables «. De facto, se suspenden todos los procedimientos de desahucio, aunque se encuentren en fase de ejecución. A partir de ahora: Primero, el 29 de abril se publica el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de Medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia , que marcará la pauta una vez levante la suspensión de los plazos judiciales y se reactive la actividad judicial. Se establece la priorización de determinados procedimientos desde la fecha del levantamiento hasta el 31 de diciembre. A los procedimientos que contarán con una tramitación prioritaria son:
a) Jurisdicción voluntaria con medidas a favor de menores.
b) En el ámbito civil, moratorias hipotecarias Covid, moratoria de alquiler Covid y concursos de personas físicas no empresarios.
c) En el ámbito contencioso, recursos por si deniegan ayudas para paliar los efectos de la crisis.
d) En el ámbito social, ERTEs, despidos, etc.
Se habilita parcialmente el mes de agosto como mes hábil (antes sólo para actuaciones urgentes). Para hacerlo, se declaran como urgentes todas las actuaciones judiciales y se declaran hábiles para su realización del 11 al 31 de agosto , excepto sábados, domingos y festivos.
Se reinician los plazos procesales desde cero sin tener en cuenta si habían transcurrido días antes de la declaración del estado de alarma. El primer día del cómputo será el siguiente día hábil al que deje de estar operativa la suspensión. Por tanto, el 5 de junio.
Para los recursos contra sentencias o resoluciones que ponen fin al procedimiento , a pesar durante el estado de alarma se han seguido notificando, el plazo para recurrir empieza desde 0 y se amplía al doble de lo previsto para cada recurso para evitar aglomeraciones los primeros días. Esta ampliación también afecta a aquellas que se publiquen durante los primeros 20 días en el levantamiento de la suspensión.
El 9 de mayo se publica la Orden JUS / 394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de desescalada para la administración de justicia a ante el Covid-19. En su Anexo 1 se establece lo siguiente:
Las actividades en relaciones con las diligencias de levantamiento de cadáveres y los lanzamientos o los registros domiciliarios tienen consideraciones de exposición de bajo riesgo, que requerirán la utilización de EPIs adecuados.
El 25 de mayo se publica el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La disposición incluye la reactivación de los plazos procesales a partir del 4 de junio: Artículo 8. Plazos procesales suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos procesales. Las dudas, que cada Juzgado resolverá según su organización (es necesario que las PAHs estén alerta), son:
1) Los lanzamientos decretados antes del estado de alarma para una fecha posterior al 4 de junio siguen vigentes? Teóricamente sí y no habría más aviso. Es decir, para un desahucio ya decretado para el 15 de junio, es muy posible que no recibimos ninguna más notificación y la comisión judicial se pueda presentar ese día.
Habrá que ver si los Juzgados los retrasan para dar salida a los que se iban a producir durante el estado de alarma. Es decir, como existían desahucios previstos para los meses de marzo, abril y mayo, que se tuvieron que suspender, cabría la posibilidad de que los juzgados retrasaran los previstos para junio y julio para priorizar estos, dado que deberían haberse producido antes. No hay que descartar ningún escenario, pero la intuición nos dice que no será así y que los lanzamientos suspendidos durante el estado de alarma se recolocarán en medio o después de los ya decretados, pero no tenemos seguridad 100% de que así sea y hay que estar alerta.
2) ¿Qué ocurre con los lanzamientos suspendidos automáticamente durante el estado de alarma? Es decir, cómo actuarán los juzgados con aquellos desahucios que se decretaron para la segunda quincena de marzo o los meses de abril, mayo y primeros días de junio y que se han tenido que suspender por culpa del estado de alarma. Pues que sí o sí se deberán volver a decretar, lo que permitirá volver a presentar recurso, ahora en tiempo y forma, e incluir entre las alegaciones la situación de vulnerabilidad que se puede agravar con la actual pandemia. La duda que nos queda es si los Juzgados los decretarán de oficio o esperan a que la parte demandante los vuelva a solicitar (puede que algunos demandantes ya hayan pedido que se fije fecha
Ante esta inminente nueva vulneración de derechos humanos convocamos mañana en la puerta de todos los juzgados del Estado.
No vamos a permitir que en plena pandemia de la COVID-19 pretendan dejarnos en la calle sin ningun tipo de alternativa habitacional.
Vinculada a nuestra campaña Vivienda Por Derecho y haciendo hincapié a la situación actual provocada por la crisis sanitaria, retomamos las negociaciones con el Secretario General de Vivienda que se vieron truncadas por el confinamiento y el estado de alarma.
El miércoles 20 de mayo, hemos mantenido una reunión virtual con el Secretario General de Vivienda David Lucas. Nos habían convocado a mantener este encuentro el 16 de marzo, para dar continuidad a la campaña de Vivienda por Derecho que arrancamos en febrero y de la cual ya habíamos recogido algunos frutos como la ampliación y mejora de la moratoria hipotecaria o el anuncio de una futura moratoria de los desahucios por alquiler.
Desde entonces la situación ha cambiado desfavorablemente y aumentado la emergencia habitacional. Son más necesarias que nunca medidas valientes para asegurar el bienestar de las familias y que no aumente el número de ellas que se vea forzada a perder su hogar ante una situación de crisis global.
En la reunión de hoy, tras un análisis de la situación y de cómo hemos llegado hasta aquí, hemos mostrado nuestro desacuerdo con los últimos decretos insuficientes y a la práctica ineficaces, aprobados para ayudar a las inquilinas y a las personas hipotecadas.
Hemos planteado nuestras enmiendas para la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley del RDL 11/2020 y salimos con el compromiso de una nueva reunión en junio para profundizar en ellas, tras reconocer la insuficiencia de los decretos aprobados hasta ahora. Enmiendas recogidas en un documento que ya hicimos llegar a todos los grupos parlamentarios, quedando por ver quien las defiende y quien no. O lo que es lo mismo, quien está del lado de las familias y quien. Nuestro objetivo es que no se repita lo sucedido en la crisis del 2008, que realmente no se deja a nadie atrás y que no sea la ciudadanía la que acabe pagando los efectos de la crisis sanitaria. Al tiempo que no se tomen medidas solo para las afectadas por la crisis actual y se tenga en cuenta a las familias que ya estaban en vulnerabilidad antes de la pandemia.
Nuestras enmiendas, que ya presentaremos en profundidad, se centran en:
Exoneraciones del pago tanto de hipotecas como de alquileres hasta, como mínimo, el 31 de diciembre del 2021, para las familias en situación de vulnerabilidad. Diferenciando claramente entre pequeños propietarios, grandes propietarios −a partir de más de 5 viviendas − entidades financieras, socimis y fondos de inversión y entidades públicas.
Suspensión de todos los desahucios de unidades de convivencia sin alternativa habitacional de forma indefinida o, como mínimo, hasta el 31 de diciembre del 2021 y establecimiento del juicio de proporcionalidad que viene reclamando a España el Comité DESC
Extensión de las medidas a todas aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad, provocada previa o durante la crisis sanitaria
Reducción y modificación de requisitos que burocratizan el procedimiento y excluyen a muchas familias de la aplicación de las medidas
Alargar el tiempo necesario la protección de las medidas para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, como mínimo hasta 31 diciembre del 2021, pudiendo adoptarse el criterio que permita objetivar la recuperación económica (como el aumento del PIB o del empleo)
Obligar a la banca a revisar todas las solicitudes que hubieran sido denegadas por incumplir los anteriores requisitos. Tanto en materia de hipotecas como de alquileres, tendrán que ser revisadas por si cumplieran con los requisitos que aquí se incluyen.
Parque público y función social de la Vivienda. – Desarrollo de medidas tendentes a la utilización como Parque Público Temporal de viviendas injustificadamente desocupadas en manos de grandes tenedores, como forma de corresponsabilidad social y compensación por el rescate anterior, para dar a la Vivienda el tratamiento que le corresponde como bien social, apartándola de ser un mero bien de consumo y especulación.
Estas enmiendas no dejan de ser una reafirmación de lo que llevamos exigiendo hace años. Medidas claras ante una situación a la que ya se podría haber puesto freno de haberse legislado nuestra ILP Hipotecaria de 2013 o la Ley Vivienda PAH que se vio truncada por la moción de censura al gobierno del PP. En este sentido también hemos hablado de una ley integral de vivienda. Somos conocedoras de que el PSOE tiene redactada una y hemos insistido en la necesidad de que la PAH podamos revisar e incidir en ese texto antes de su futuro registro.
El resultado de la reunión de hoy, podríamos valorarlo de positivo ya que hemos vista una clara predisposición a colaborar con nosotras y otras entidades sociales en el desarrollo para garantizar el Derecho a la vivienda. Hemos alcanzado el compromiso de mantener reuniones periódicas para la elaboración de una Ley de Vivienda, que debería entrar en vigor en esta legislatura, así como del próximo Plan Estatal de Vivienda y empezar a abordar cómo debe consolidarse el parque público teniendo en cuenta la vivienda vacía y en manos de SAREB.
Queda mucho trabajo por delante. más cuando lamentablemente esta crisis ha vuelto a demostrar lo que la PAH lleva denunciando en sus 11 años de existencia: que la vivienda es un derecho humano y se debe garantizar su acceso a todos los ciudadanos. De no hacerlo seguiremos teniendo vidas en juego y de habernos escuchado antes se hubieran salvado vidas humanas, truncadas ante la desesperación de quedarse sin hogar.
Desde la PAH recogemos la mano tendida hoy, pero no dejaremos de denunciar la situación hasta que esté garantizada, como hemos hecho siempre. No vamos a permitir que se siga apoyando desde el Gobierno a la banca y fondos buitres a costa del sufrimiento de la ciudadanía a la que dicen representar. Seguiremos presionando y exigiendo que se incluyan nuestras propuestas para garantizar el derecho a la vivienda para todas. No queremos más parches de escaparate que sigan dejando a miles de familias en la miseria. Queremos cambios estructurales que reviertan la situación.
Mientras, seguiremos traduciendo a lenguaje humano las propuestas del Gobierno, visibilizando sus carencias y defendiéndonos ante ellas en nuestras asambleas, para proteger y apoyar a las familias. Hemos sido capaces de sobrevivir la última década y lo volveremos a hacer. Esta vez nos pilla organizadas, con la experiencia necesaria y con más motivos que nunca.
Ante la reciente publicación, el pasado 8 de mayo, de Nota Informativa del Banco de España, por la que se da a conocer sonrojarte cifras acerca de la aprobación por las entidades bancarias , hasta 30 de abril del 2.020, de tan solo 65.559 solicitudes de moratorias de deudas hipotecarias, de un total de 228.322 presentadas, lo que representa un vergonzoso porcentaje del 28.5 %, , la Coordinadora Andaluza Pahs y Stop desahucios de nuestro territorio, como representantes que somos a nivel de Andalucía de los colectivos sociales que luchamos por la defensa del derecho a una vivienda digna para todos, expresamos a través de este comunicado nuestra frustración e indignación por las circunstancias que dan origen a tan paupérrimo e injusto dato facilitado por el Banco de España.
En efecto, el Gobierno PSOE & UP queriendo hacer frente al impacto económico y social derivado de la crisis sanitaria como consecuencia del COVID- 19, tuvo a bien aprobar un Decreto – Ley, posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados, en el que, entre otras medidas de apoyo a trabajadores, familias y colectivos, todos ellos en situación de vulnerabilidad social y económica, se incluyó el establecimiento de moratoria de deudas hipotecarias, a la que tan sólo se puede acceder cumpliendo un engorroso y riguroso listado de requisitos y exigencias, lo que se ha traducido en que sólo una porción muy limitada de personas y familias se hayan podido beneficiar de esta medida,«; bien pensante », que en verdad ha resultado ser muy poco realista con las circunstancias socioeconómicas por las que en la actualidad está atravesando nuestro país y así como numerosísimas personas y familias ; es más entenderíamos incluso que esta política de « buenas intenciones » fuese agriamente criticada por hipócrita : dar con una mano lo que impide o dificulta extraordinariamente con la otra.
Es más: el propio Banco de España publicó en Noviembre del año pasado, 2.019, otra nota informativa en la que se exponía que del total de l65.725 millones de € que se inyectó a la banca, española ,para hacer frente a la crisis económica del 2.008 en el sector financiero de nuestro país, el 83 % provino de fondos públicos , habiéndose recuperado de tan ingente cantidad de dinero a fecha de hoy sólo 4.447 millones de € , y es así como se explica en muy buena partes los recortes sanitarios , asistenciales , de Justicia, pensiones, vivienda, cultura, investigación, ciencia…. y de los que aún en la actualidad somos , como colectivo de Pahs y Stop Desahucios, los grandes damnificados.
Por consiguiente , y ante todo lo que acabamos de exponer, esta Coordinadora Andaluza Pahs y Stop desahucios, manifiesta ante la opinión publica su enorme decepción, perplejidad, e indignación por unas políticas públicas que, lejos de cuidar de forma efectiva por su población vulnerable ante una situación tan trágica a nivel global como la que estamos atravesando, la está sumiendo en la desesperanza y en la desilusión cada día que pasa sin ver en sus gobernantes la adopción de soluciones eficientes, ágiles y urgentes que pongan remedio inmediato a sus maltrechas economías domésticas.
Desde PAH Sevilla este 1 de mayo día de los trabajadores es un día muy importante donde queremos rendir un homenaje significativo a todas esas familias que han pasado y están en nuestra plataforma y que se han visto afectadas por sus hipotecas, prestamos ,clausuras abusivas, alquileres , que, en muchos casos, o han perdido su casa o han tenido que dejar su hogar por no tener recursos económicos suficientes para pagar el alquiler.
Todas ellas son familias trabajadoras, donde años de esfuerzo y trabajo duro no le ha sido suficiente para conservar una vivienda digna donde cobijarse y donde la administración no tiene alternativas habitacionales para ellos.
Ellos trabajan día a día para conseguir llevar a su casa un sueldo digno , trabajos con contratos basura y en muchos casos en trabajos que están en la economía sumergida y de mucha precariedad, donde la sociedad incluso le margina y discrimina. El sueldo no les da ni para cubrir los suministros básicos como Luz , Agua y Gas.
Desde PAH Sevilla les decimos que entre todos conseguiremos buscar una solución en esta lucha por una vivienda digna y que los suministros básicos no le falten en los hogares.
Recordemos que por motivos de esta pandemia del COVID-19 , no se puede desahuciar a nadie ni cortarle los suministros básicos , parece mentira que haya tenido que pasar esto, para que el gobierno haga caso a las reivindicaciones de la PAH y la importancia que tiene el derecho a la vivienda.
En estos tiempos que corren de confinamiento por el covid , tiene mas relevancia el tener esa vivienda digna, al igual que el trabajo es fundamental que todos tengamos derecho a una vivienda.
Por supuesto homenajear también a todos los trabajadores y trabajadoras en este día tan significativo de lucha obrera y en especial atención a todos los médicos, enfermeros, sanitarios , senadores , limpiadoras, transportistas , cajeros , reponedores, fuerzas de seguridad del estado, etc.… , en definitiva a todos los que hacen posible que mientras el resto de la población estamos cumpliendo el confinamiento , ellos se exponen ante este virus en veneficio de todos , siendo de nuevo los trabajadores los verdaderos héroes que salvan vidas.
Con todo nuestro agradecimiento un fuerte Abrazo y emotivo aplauso.
Supone un retroceso de derechos en prácticamente todos los ámbitos del ordenamiento jurídico de Andalucía
Andalucía, 16 de abril de 2020. Un total de 80 colectivos han presentado hoy un escrito ante el Defensor del Pueblo Español solicitando que presente un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 aprobado por el Parlamento de Andalucía el pasado 2 de abril y que modifica un total de 27 leyes y un reglamento. Al escrito, presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), se han adherido mas de 80 organizaciones.
Argumentan que “en realidad, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprovechado el estado de alarma para justificar una batería de medidas en la que, como el mismo decreto reconoce, lleva trabajando desde hace más de un año y que nada tiene que ver con la crisis sanitaria que vivimos”. Además, señalan que muchas de las medidas adoptadas en el sector audiovisual, medioambiental o patrimonial “no tienen nada que ver con prevenir los efectos de una inmediatacrisis económica, ecológica y social, sino que van producir el efecto contrario”. A juicio de las organizaciones, el decreto abre la puerta a provocar importantes daños medioambientales, territoriales, sociales, sanitarios y de patrimonio histórico, y a fomentar, entre otras cosas, la especulación urbanística y la privatización de servicios públicos. Además, también apuntan que “el decreto aprobado por la Junta invade competencias que están en manos del Gobierno central”.
Alegan que dado “el número y la importancia de las normas modificadas, se debería haber tramitado a través proyecto de ley y no mediante decreto-ley, utilizado –según denuncian- para “evitar una fase de información pública para organizaciones interesadas e implicadas, así como de los controles y supervisión de órganos como el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social, entre otros”. Algo que, por otro lado, varias organizaciones , solicitaron en un escrito al Presidente de la Junta de Andalucía. De hecho, el propio decreto, advierten, reconoce en su exposición de motivos que las reformas estructurales planteadas pueden ser “difícilmente identificables con la necesaria y urgente necesidad de ser articuladas mediante un decreto-ley”.
Por último, ante la modificación de gran parte de la normativa autonómica en materia de urbanismo y medio ambiente, denuncian que dichas modificaciones “lesionan el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, del mismo modo que el derecho a la protección de la salud, derechos estos, insisten, protegidos tanto en la Constitución como en nuestro Estatuto de Autonomía”.
Por todo ello, dado que en otras ocasiones el Defensor del Pueblo ha impugnado normas autonómicas similares que han vulnerado el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, esperan que el Defensor “estime la petición, ya que es la única vía de la que disponía la ciudadanía para impugnar un decreto que supone un retroceso de derechos prácticamente en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico de Andalucía”.
Lo estamos diciendo desde el primer día, hay que rescatar a las familias y no a los bancos.
La actual crisis sanitaria nos tiene a las puertas de una nueva crisis económica. Casi 1 millón y medio de personas han perdido su trabajo o tienen un ERTE desde que estalló el estado de alarma y el confinamiento con la consiguiente pérdida de ingresos por una epidemia ajena a su voluntad. Desde el Gobierno han intentado parchear esta sobrevenida situación bajo un supuesto escudo social que amortigüe el impacto de la recesión sobre las familias afectadas. Decimos supuesto, ya que, si algo está quedando claro de nuevo, es falta de valentía para enfrentarse a quienes realmente gobiernan este país, el sistema financiero, impune responsable de la crisis de vivienda anterior.
Esta afirmación queda reforzada viendo las medidas de emergencia aprobadas en lo que a vivienda se refiere y especialmente en el caso de las hipotecas. Desde su aprobación, estamos diciendo que la moratoria hipotecaria es insuficiente, que todo lo que no sea exonerar los pagos y que los bancos también arrimen el hombro, no deja de ser un nuevo rescate a la banca. Exigimos al autoproclamado gobierno progresista que modifique los decreto ley 8/2020 y 11/2020 para realmente no dejar a ninguna familia vulnerable sin cobertura. La obligatoriedad actual de cumplir con los 4 requisitos de vulnerabilidad dejan a la inmensa mayoría de unidades de convivencia sin ningún tipo de protección como ya se está comprobando.
Aplazar los pagos 3 meses es insuficiente, volver a gastar dinero público en lugar de pedir responsabilidad a los bancos que aún nos deben 65.725 millones de euros, un escándalo. Ante la crisis sanitaria que sufrimos, los efectos por llegar y sin haber sido capaces de reparar todavía los estragos de la crisis económica de hace 12 años, exigimos altura política para que esta no la paguemos la ciudadanía de a pie. El Gobierno debería exigir la devolución del rescate bancario para afrontar la crisis sanitaria minimizando el gasto público.
¿Es necesario recordar la estafa bancaria que generó la crisis de 2008? ¿Es necesario recordar que a pesar de ser los responsables directos de desahuciar a más de 1 millón de familias fueron los bancos los que fueron rescatados con dinero público sin ningún tipo de prestación social? ¿De verdad pretende el Gobierno Progresista repetir la historia con aplazamientos de cuotas a devolver con microcréditos? Ya solo falta que nos vuelvan a decir que estiramos más el brazo que la manga, que si sabíamos que pasados los años, una crisis tras otra, nos iban a dejar sin trabajo y sobreendeudadas, por hipotecarnos. Somos clase trabajadora, no clarividentes. ¿De verdad los bancos y las grandes inmobiliarias van a ser las únicas que tendrán garantizadas por el estado y con nuestros impuestos, una vez más, la totalidad de sus ingresos?
Han pasado poco más de 20 días desde que se decretó la moratoria de hipotecas y, de nuevo, el tiempo nos da la razón. Donde el Gobierno dice no dejar nadie atrás, la realidad dice que diariamente son miles las peticiones para acogerse a la moratoria y casi 9 de cada 10 las que se quedan fuera, por la dificultad de cumplir a la vez los 4 supuestos de vulnerabilidad. Los bancos, como solución si no puedes acogerte a la moratoria, están proponiendo préstamos puente, novaciones…, las mismas tácticas de pan para hoy hambre para mañana y que tampoco van a hacer gratis. Los conocemos demasiado bien y blanquearán cláusulas abusivas, meterán comisiones, intereses, etc., lo que se les ocurra con el único propósito de no perder un euro y continuar haciendo caja con el sufrimiento de las familias y cuando la cosa vaya a peor para las familias, seguir quedándose con sus hogares. Recordamos que, gracias a la Ley de Crédito Inmobiliario y la sentencia del Tribunal Supremo, la espada de Damocles ya pende sobre más de 6 millones de Hipotecas.
Llegamos al confinamiento superando los 200 desahucios diarios, que el coronavirus no sea la excusa para que, en pocos meses, estas cifras inaceptables en cualquier otro país de nuestro entorno, aumenten todavía más
Los detalles sobre esta moratoria insuficiente y como acogerse a ella los encontrarás aquí
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